Centro Henry George - Resumen Progreso y Miseria

Vemos que el mejor uso de Tierra no depende de la propiedad privada de ella, sino de la garantía al productor al fruto de su Trabajo. Vemos que no hay ningún conflicto entre el derecho individual al uso exclusivo de Tierra y el derecho común a la Renta de Tierra.
Argumento completo del libro P&M y el Curso CE

Capítulo 1: Propiedad Privada de la Tierra es Inconsistente con su Mejor Uso

Lo necesario para estimular el mejor uso de la tierra no es la propiedad privada de ella, sino la seguridad a las mejoras y a los productos que resultan de su uso.

Tratar la tierra como propiedad privada es un mecanismo tan crudo, despilfarrado, e innecesario para asegurar las mejoras sobre ella, como es el de quemar una casa para asar un cerdo. El mejoramiento y el uso de la tierra por los que no sean los propietarios legales es cosa común y corriente.

¿No sería la tierra explotada con igual eficacia si la renta fuese recaudada por el gobierno en vez de por dueños privados? Claro que sí. Tratando la tierra como propiedad común de ninguna manera interfiere con su mejor uso.

Para inducir al productor a cultivar y mejorar una tierra, no es necesario decirle, “esta tierra es tuya,” sino, “todo lo que tu trabajo o capital produzca en esta tierra será tuyo.” Quien sea propietario de la tierra no tiene nada que ver, si estos resultados están garantizados al productor. Si a los que hacen las mejoras se les garantizan la seguridad de su producto, se puede abolir la propiedad privada de la tierra con toda seguridad.

El pleno reconocimiento de los derechos comunes a la tierra no se opone de ningún modo al pleno reconocimiento de los derechos individuales a las mejoras o al producto. Dos hombres pueden ser dueños de un solo buque sin aserrarlo en dos mitades. Hay ejemplos en el estado de Alaska de los EEUU y en Nicaragua, las Zonas Francas. Al tratar toda la tierra de Nicaragua como propiedad común por medio de la recaudación pública de su valor real, este incentivo, ahora sólo permitido a grandes empresas, podría beneficiar a todos los productores de Nicaragua.

Entonces, no sólo es un hecho que la propiedad privada de la tierra no es necesaria para su mejor uso, es cierto todo lo contrario. En muchos países, existen suficientes tierras para mantener una población doble o triple de la corriente, pero las tierras buenas, propias para agricultura o industria, quedan ociosas y fuera de uso porque sus dueños las guardan especulativamente.

Si el mejor uso de la tierra sea la prueba, entonces la propiedad privada de la tierra queda condenada.

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Para hacer Tierra propiedad común con un mínimo de trastornos, George propone que la Renta de Tierra sea recaudada por la comunidad por medio de un Impuesto sobre el Valor de la Tierra (IVT), y que a la par queden abolidos todos los impuestos sobre la producción. Vemos que esta reforma es sencilla y factible y puede ser aplicada fácilmente con los mecanismos fiscales que ya existen en Nicaragua.
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Capítulo 2: Como Asegurar el Igual Derecho de Todos a la Tierra

Hemos considerado toda objeción, y hemos concluido que no existe ningún argumento, relacionado a la justicia o a la eficacia, para poner en duda la sabiduría del remedio de hacer la tierra propiedad común.

Podríamos declarar toda la tierra propiedad pública y arrendarla en lotes al mejor postor en condiciones que respetasen el derecho de la propiedad privada de las mejoras.

Pero semejante plan, aunque completamente factible, no parece el mejor. Hacer esto chocaría con las actuales costumbres y hábitos de pensamiento, creando resistencia contra la reforma solamente debido a su método de aplicación. Para tener justicia, no es necesario que la comunidad confisque y administre la tierra; basta que la comunidad recaude y administre la renta.

Sería mucho más sencillo y económico que empleemos los mecanismos estatales existentes para recaudar casi toda la renta, sólo dejando privatizada una pequeña porción* para que la tierra siga siendo administrada por el sector privado. Ya cobramos una pequeña parte de la renta en impuestos públicos. Para recaudarla toda, sólo hace falta algunos cambios sencillos en el sistema tributario.

En resumen, para subir los salarios y el interés del capital, eliminar la pobreza, garantizar a todos la oportunidad del empleo bien compensado, el remedio más sencillo y eficaz es recaudar la renta de la tierra por medio de la tributación pública.

En su forma, la posesión de la tierra quedaría tal como está ahora. No es necesario desposeer a ningún propietario ni restringir la cantidad de tierra que cualquiera pueda tener. Recaudando el Estado la renta por medio de la tributación, la tierra, a nombre de quienquiera y parcelada como quiera, sería realmente propiedad común de todos.

Ya que la renta de la tierra es igual al poder productivo de toda la tierra en uso menos el poder productivo de la tierra en el margen de producción, si elimináramos los impuestos corrientes sobre la producción, es decir, sobre el trabajo, la industria, el comercio, etc., entonces la renta o valor de la tierra tendría que aumentarse a la misma medida. Un impuesto sobre el valor de la tierra captaría todo este valor, así recaudando todos los fondos públicos necesarios de manera sencilla y práctica.

Entonces, el remedio que proponemos es: Eliminar todos los impuestos existentes y transferir todo el cargo tributario a un solo impuesto sobre el valor de la tierra. En cualquier país civilizado, la renta de la tierra es suficiente para cubrir todos los gastos públicos, y en los países más avanzados, es más que suficiente. Para mantener la tierra en su condición de propiedad común, siempre tendríamos que recaudar toda la renta, incluso la que excediese lo necesario para los fines legítimos del gobierno. Luego, toda la renta excedente podría invertirse en obras o fondos especiales de interés público, o bien todo o parte de ella podría ser repartida periódicamente entre la población en bonos iguales.

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Evaluamos el impuesto único sobre el valor de Tierra comparándolo, por medio de las normas tributarias de Adam Smith, al corriente sistema de múltiples impuestos sobre la producción. Vemos que el impuesto IVT es totalmente superior según estas normas.
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Capítulo 3: La Propuesta Evaluada con las Normas Tributarias

Según las normas tributarias universalmente aceptadas y respetadas por mucho tiempo, el mejor impuesto por el cual podemos obtener los fondos públicos es, sin duda, el que satisfaga más plenamente las siguientes condiciones:

1) Que grave lo menos posible la producción, para impedir lo menos posible el aumento del fondo general del cual hay que pagar los impuestos y mantener la sociedad.

2) Que su recaudación sea fácil y barata, y que recaiga tan directamente como sea posible sobre quienes en definitiva lo pagan, para así tomar del pueblo lo menos posible en adición a lo que rinde al gobierno.

3) Que su recaudación sea cierta, para dar la mínima ocasión a tiranía o corrupción por parte de los funcionarios del gobierno, y la mínima tentación a infracciones y evasiones por parte de los contribuyentes.

4) Que grave equitativamente, para que a ningún individuo le dé una ventaja, ni le imponga una desventaja respecto a los demás.

Examinemos cuál forma de impuesto cumple mejor estas condiciones.

1 - Efectos de los Impuestos Sobre la Producción

Una igual cantidad de impuestos puede afectar a la producción muy diversamente, de acuerdo a la manera que se impongan. La tributación que recae sobre el trabajo aplicado, el capital productivo, y la tierra mejorada, desalienta la producción de riqueza mucho más que el efecto de una tributación de igual cuantía que grava a los trabajadores igualmente si trabajan o si descansan, la riqueza si se usa productivamente o no, y la tierra si es explotada o dejada ociosa.

Un tributo de 25% sobre el valor de edificaciones induciría a muchos dueños a no mejorar sus casas más que lo mínimo necesario; pero un tributo dos veces mayor cargado sobre el valor de la tierra no produciría tal resultado.

Muchas clases de industria y comercio quedan obstaculizadas por los impuestos que desvían la producción a industrias y modos de cambio menos productivos.

La clase más importante de impuestos que no interfieren con la producción es la de los impuestos sobre los monopolios. De hecho, las ganancias del monopolio son, en sí mismo, un impuesto sobre la producción. Al transferir este valor a la tributación pública, simplemente estaríamos nacionalizando y canalizando a las arcas públicas los tributos que los productores ahora pagan a los dueños privados de los monopolios.

La patente es un derecho de monopolio que es una interferencia con el igual derecho del productor a la propiedad privada. Existen monopolios dañinos, a los cuales hemos referido en Libro III capítulo 4, que se tratan de la concentración del capital de ciertos negocios o industrias. Sería mucho mejor que estos monopolios fueran desmembrados. Los “servicios básicos”, los cuales por su escala y modo de operación sólo pueden funcionar rentablemente como monopolios, son mejor tratados como propiedad común y deben pertenecer al Estado.

Pero, todos estos monopolios son triviales comparados al monopolio de la tierra. El valor de la tierra (la renta), en su totalidad, no representa más que el poder de la confiscación.

Un impuesto sobre el valor de la tierra no puede limitar la producción en lo más mínimo, a diferencia de los impuestos sobre los productos, el comercio, el trabajo, el capital, etc. La sociedad puede recaudar toda la renta por medio de un impuesto sobre el valor de la tierra, sin disminuir el incentivo de mejorar, sin disminuir la producción de la riqueza, sin reducir en nada los salarios del trabajo ni el interés del capital, y sin aumentar el precio de una sola mercancía. Es más: un impuesto sobre el valor de la tierra tiende a aumentar la producción porque elimina la renta especulativa.

Si la tierra fuese gravada a casi todo su valor, los dueños de tierras ociosas se verían obligados a trabajarlas ellos mismos, o alquilarlas, o venderlas, o dejarlas libres para quien pudiese y quisiera trabajarlas. Toda la población tendría acceso a las mejores tierras, y por consiguiente, la población se concentraría en las zonas más rentables con el resultado de que el trabajo y el capital podrían producir mucho más riqueza con el mismo esfuerzo.

Si gravamos las fábricas, frenamos la industria; si gravamos el comercio, impedimos el cambio; si gravamos el capital, lo ahuyentamos. Pero, si recaudamos el valor de la tierra, el resultado será que estimulamos la laboriosidad de la industria, abrimos nuevas oportunidades al trabajo y al capital, y aumentamos la producción total de la riqueza.

2 - Facilidad y Baratura de la Recaudación

De todos los impuestos de los cuales se puede esperar un ingreso significante para el Estado, el impuesto sobre el valor de la tierra es el de recaudación más fácil y barata. El Estado podría ahorrar todo el costo de recaudación, sustituyendo los impuestos sobre la producción por el impuesto sobre el valor de la tierra.

El ahorro en el costo de recaudación disminuiría grandemente la diferencia entre la cantidad de los fondos recaudados de la población, y la cantidad de los fondos disponibles para actividades productivas del Estado. Todos los impuestos sobre cosas de cantidad variable aumentan los precios, porque, en el transcurso del cambio, pasan de vendedor a comprador, aumentándose en cada paso. En definitiva recae sobre el consumidor, quien no sólo ha de pagar el costo original del impuesto, sino, además, todos los incrementos de interés sobre este valor original que cada intermediario agrega en cada transacción de la cadena del cambio. El consumidor termina pagando mucho más que el valor del impuesto recibido por el gobierno.

El impuesto sobre el valor de la tierra no sube el costo de producción, ni disminuye la oferta de la riqueza porque el impuesto no reduce la cantidad de tierra disponible para la producción. Al contrario, la competencia entre los propietarios reduciría el precio de la tierra como un costo de producción. Así que, los precios no serían afectados, sino la parte de los precios correspondiente a la renta de la tierra sería transferida al Estado.

El impuesto sobre el valor de la tierra proporciona al Estado el ingreso neto mayor en proporción a la cantidad recaudada.

3 - Certeza de la Recaudación

A la medida que la recaudación de un impuesto dependa del celo y la lealtad de los recaudadores, y del civismo y la probidad de los contribuyentes, se darán tentaciones a la tiranía y la corrupción entre los primeros, y a evasiones y fraudes entre los que deben pagar. Sólo a base de esta consideración, la mayoría de los impuestos corrientes quedan condenados.

El costo que esta incertidumbre agrega a la cantidad que el público paga sin que el gobierno la recaude es muy grande. Las ganancias de los contrabandistas, los sobornos que reciben los asesores de bienes raíces y los funcionarios de aduanas; todos los modos costosos de importar, manufacturarlas y comercializar mercancías para evadir impuestos; todo lo que se gasta en procedimientos legales y penalizaciones, toman del fondo general de riqueza sin aumentar los ingresos públicos.

Los impuestos que faltan de certeza atacan la moral pública de la manera más espantosa. Pueden en bloque llamarse: “Disposiciones para fomentar la corrupción de los funcionarios, restringir la honradez, estimular el fraude, premiar el perjurio y el soborno, y divorciar la ley de la idea de la justicia.”

En el corriente sistema, la valoración de bienes inmuebles es muy imprecisa y desigual porque se valora una tierra junta con sus mejoras, las cuales son imposibles de estimar con exactitud sin un esfuerzo demasiado complicado, costoso, e intruso del gobierno. Pero, si todos los impuestos se cargaran únicamente sobre el valor de la tierra, independiente de sus mejoras, la valoración del impuesto se haría con exactitud.

4 - Equidad de los Impuestos

La idea general que nuestro sistema de gravarlo-todo intenta en vano llevar a cabo es que cada uno pague impuestos en proporción a sus ingresos. Pero, es evidente que no se puede lograr la justicia así.

Observemos a dos hombres con ingresos iguales. Uno recibe sus ingresos de la aplicación de su trabajo; el otro, de la renta de unas tierras. ¿Es justo que ambos contribuyan por igual a los gastos del Estado? Claro que no. El derecho del trabajador de disfrutar de sus ingresos se funda en la autoridad de la naturaleza, la cual recompensa al trabajo con la riqueza. El derecho que reclama el terrateniente de disfrutar de la producción de los demás es un derecho ficticio, fruto de una disposición administrativa errada.

Valores creados y mantenidos por la comunidad pueden ser recaudados justamente para pagar los gastos de la comunidad. Ahora bien, ¿cuáles valores son de este tipo? Solamente el valor de la tierra. A diferencia de los demás valores, el valor de la tierra aumenta con el crecimiento de la sociedad, y existe solamente mientras existe la sociedad. Al dispersarse la comunidad, la tierra más valiosa no tendría ningún valor.

El impuesto sobre el valor de la tierra es, entonces, el más justo y equitativo de todos los impuestos, porque sólo recae sobre los que reciben de la sociedad un beneficio especial, gravándoles en proporción al beneficio que reciben. Consiste en que la comunidad recibe, para uso de la comunidad, el valor creado por la misma comunidad.

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Siendo el impuesto sobre el valor de Tierra tan eficaz en su propósito, nos preguntamos, ¿por qué esta medida queda mayormente ignorada por los gobiernos y las clases laborales que más pueden beneficiar de ello? Por un lado, es porque los consumidores no son conscientes de la gran injusticia del cargo tributario que pagan por medio los múltiples impuestos. Por otro lado, los grandes intereses comerciales, financieros y propietarios benefician del corriente sistema y naturalmente actúan como un bloque político para resistir consideración de reformas que podrían limitar su dominio sobre los mercados y la Renta de Tierra.
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Capítulo 4: Apoyos y Objeciones

Los fundamentos del argumento del cual hemos concluido que el impuesto sobre la renta o valor de la tierra es el mejor método para obtener los ingresos públicos han sido tácita o expresamente admitidos por todos los economistas de mérito.

Ricardo dijo: “Recaería por completo sobre los terratenientes y no podría ser cargado sobre ninguna clase de consumidor.”

McCulloch declaró que la suma pagada a los terratenientes por el uso de los poderes naturales del suelo podría ser recaudada por completo mediante un impuesto.

John Stuart Mill declaró recomendable y justo un impuesto sobre la renta de la tierra.

Los Fisiócratas franceses del siglo dieciocho reconocieron el bien que resultaría de la libertad otorgada a la producción al sustituir todos los impuestos que estorban la aplicación del trabajo por un solo impuesto sobre la renta de la tierra.

La única objeción al impuesto sobre el valor de la tierra es que, al intentar gravar la renta de la tierra, se puede gravar formas de riqueza que no podemos distinguir claramente de la tierra. Pero lo absurdo de esta objeción se revela inmediatamente. Pues, ¿cuánto mayor desaliento implica el gravar no sólo éstos, sino todos los valores claramente separables de la tierra y creados por el trabajo y el capital?

El hecho es que los tasadores suelen evaluar por separado la tierra y sus mejoras asociadas aunque luego las agrupan con el nombre de “bienes raíces.” A menudo la tierra pertenece a una persona y las construcciones a otra. Pasado un cierto tiempo, el valor de las mejoras permanentes se considera incorporado al valor de un terreno, y según esto, deben pagar el impuesto sobre el valor de la tierra.

Otra objeción que se ha expresado es la idea de que en una democracia es preferible que más que una sola clase aporte los fondos públicos. Al sustituir un solo impuesto sobre el valor de la tierra, en lugar de los múltiples impuestos sobre la producción, el número de contribuyentes conscientes aumentaría grandemente, ya que habría más dueños de negocios propios y viviendas propias. Quedarían recortadas las grandes fortunas que apartan a sus dueños de un interés en un gobierno justo y sano. El más pobre, en vez de considerarse una víctima impotente del “capitalismo salvaje” o un niño dependiente de una “dictadura socialista,” se sentiría como un participante interesado en el progreso de su comunidad.

Sin embargo, se puede preguntar: ¿Si el impuesto sobre el valor de la tierra es un sistema tributario tan ventajoso, por qué todos los gobiernos recurren de preferencia a tantos otros impuestos ineficaces y antiproductivos? Recae directamente sobre los dueños de la tierra. Por esto, la clase poderosa se interesa directamente en impedir la consideración y la aplicación del impuesto sobre el valor de la tierra.

Pero, a los otros impuestos en que tanto confían los gobiernos modernos, no hay mayor oposición. El consumidor los paga en porciones tan pequeñas y de maneras tan insidiosas que no tiene conciencia de estar pagándolos, o no se molestaría suficiente para organizarse y protestar eficazmente.

Casi todos los múltiples impuestos que cargan sobre las poblaciones del mundo son mantenidos con la intención primaria de avanzar los intereses de una industria o un cierto grupo particular, en vez de la intención de recaudar fondos públicos de la manera más eficiente y justa. Los impuestos cobrados como permisos reciben el apoyo de aquéllos negocios, gremios y profesiones a los cuales son cargados porque tienden a impedir que otros entren en competencia con ellos. Los impuestos sobre mercancías son gratos a los grandes fabricantes por semejantes razones. Los aranceles de aduanas no sólo tienden a dar ventajas especiales a ciertos productores, sino los mayores precios que engendran también aumentan las ganancias de los importadores que dispongan de grandes existencias ya dentro del país.

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