Instituto Henry George ...
Managua, Nicaragua

 

Sobre la Cuestión de Privatización -- La Solución Factible
21 Septiembre 2001

Pasaron por nuestra oficina algunos trabajadores de la empresa Unión Fenosa, dueño privado del servicio de distribución de electricidad por mucho de Nicaragua. Preguntamos a los trabajadores si los nuevos dueños privados de la empresa habían subido sus salarios. Su respuesta fue que no y que también les habían quitado algunos beneficios laborales. Luego les preguntamos cuando iban a bajar las tarifas de servicio. Tanto ellos como los vecinos afirmaron que las tarifas habían subido desde que ENEL fuera privatizado y que se esperaba que siguieran subiendo.

¿Qué pasó con el gran motivo para vender el monopolio de servicio de electricidad a una compañía privada? ¿Dónde está el beneficio para el pueblo? Esta empresa, dirigida por extranjeros, tiene control absoluto sobre una necesidad básica de todo el pueblo nicaragüense. No tienen ninguna obligación a pagar más que el salario mínimo a sus trabajadores, igual que la empresa estatal, y no lo hacen. Pueden cobrar el máximo que pueda pagar la población ya que su servicio es un monopolio, y lo hacen. Pero, a diferencias de una empresa estatal, cualquier ganancia extra de monopolio que la empresa privada realice quede en el bolsillo de los pocos dueños privados.

¿Qué es la realidad de la venta de ENEL, ENACAL, ENITEL, y los demás monopolios de servicios básicos y de territorios nicaragüenses? En algunos años más de desarrollo, todas estas empresas llegarán a ser las empresas más rentables del país. ¿Y cuál es la base de su rentabilidad superior? El hecho de que son monopolios, que pueden cobrar un tributo por acceso a sus servicios a una población totalmente sin alternativa de pagar el precio dictado. En efecto, la venta de estos monopolios es el regalo del poder económico soberano de Nicaragua sobre su tierra y recursos naturales, a cambio de la ilusión de unos pocos ingresos destinados de todos modos a bancos extranjeros. Es una "venta" en la cual el que compró ganó el poder de cobrar al pueblo en infinito, y el que vendió se comprometió al pueblo a seguir pagando para siempre.

El problema es que, sea estatal o privada, una gran parte del margen de ganancia de una empresa de monopolio resulta de lo que se llama la renta de monopolio (o de "tierra" en economía política). Esto es el precio extra que los consumidores tienen que pagar simplemente por acceso al servicio de demanda universal y de oferta limitada, sea de buena o mala calidad. Este precio extra, lo cual es parte del precio total del servicio, es en efecto un tributo. En manos de una empresa estatal, este tributo es parte del caudal tributario del país, como debe ser, pero en manos de una empresa privada, se convierte en un impuesto privado, un pago extraído en exceso de la justa recompensa por el empleo inteligente y prudente de la labor y el capital.

Ahora, anular estas ventas de monopolios de servicios públicos y regresar las empresas de servicios básicos al control estatal puede parecer una justa y rentable solución para algunos, pero existe una alternativa tanto menos conflictiva y tanto más de acuerdo con las tendencias internacionales del mercado libre. Esta solución es que el pueblo, soberano sobre su territorio nacional, recaude un impuesto a las empresas privadas monopolistas del valor de los recursos y territorios públicos que utilizan las empresas monopolistas para realizar su negocio privado.

Por ejemplo, en el caso de Unión Fenosa, ¿no es un hecho indiscutible que todos sus postes y todos sus cables tienen que quedarse sobre y atravesar el dominio público para que su producto pueda llegar a sus clientes privadas? ¿Qué pasa si tomáramos en cuenta el valor de la tierra y el espacio aéreo público que ocupa su capital privado? ¿Qué pasa si el pueblo les cobrara una tarifa por el uso de ese espacio público?

Claro, al principio la empresa amenazaría con pasar el "costo adicional" a sus clientes, pero el hecho es que tendrían que pagar el impuesto de su margen de ganancia de monopolio sin poder subir su precio un solo centavo. ¿Por qué? Porque ya están cobrando al nivel máximo de lo que pueden pagar sus clientes, el precio de monopolio. Si subiesen el precio más alto, la gente ya no podría pagar y sus ingresos bajarían. Sólo pueden subir sus precios de acuerdo con la capacidad económica de sus clientes a pagar. En el futuro, cuando el aumento del poder económico del país permitiese que la gente pague más, el impuesto que la empresa tendría que pagar también subiría de acuerdo al mayor valor de la tierra pública.

Ahora, para que la solución que estamos proponiendo funcione para restituir el equilibrio y la justicia entre el dominio público y los derechos de propiedad privada, el estado tendría que bajar y luego eliminar todos los otros impuestos sobre la empresa monopolista (desde aranceles de importación hasta el IR y el IGV) al mismo tiempo que cobre el impuesto sobre el valor de la tierra. El resultado sería una estabilidad en los precios reales del servicio para los usuarios y una ganancia neta de ingresos para el estado; el mayor beneficio del progreso se canalizaría a los fondos públicos, en vez de a los bolsillos de unos pocos privados.

Al ser aplicado este remedio económico, ¿se enojarían y se marcharían las inversionistas de Unión Fenosa, dejando Nicaragua sin luz eléctrica? Eso no sería posible ya que el único impuesto que pagarían sería calculado sobre la demanda competitiva (valor) de los recursos que exploten y siempre sería rentable operar la empresa. Si Unión Fenosa no quisiera manejarla por cualquier otra razón, habría otras empresas dispuestas a comprarla. De hecho, sin el ingreso de la renta de monopolio, la empresa tendría un fuerte motivo para ser eficiente y dar buen servicio para minimizar sus costos (ya que el mal servicio cuesta más que el buen servicio) en busca de su margen legítimo de ganancias.

Esta solución y su razonamiento puede aplicarse a todo monopolio de servicio básico incluso agua, luz y teléfono, etc. ENITEL tiene que pasar sus cables por el dominio público; Bell South tiene que ocupar el espectro de radiofrecuencias, propiedad del dominio público; ENACAL tiene que pasar su tubería por el suelo público también. ¿A quién pertenece el agua y la tierra de la cual ENACAL saca el agua que vende? Al pueblo soberano de la República de Nicaragua.

Este ajuste macroeconómico puede funcionar también para establecer la justicia, la libertad, y la prosperidad para toda la economía. El estado puede y debe aplicar el impuesto sobre el valor de la tierra a toda propiedad de tierra y recurso natural, ya que la propiedad de tierras y recursos estratégicos también da el poder tributario de monopolio a sus dueños. Al mismo tiempo, tendría que eliminar todos los demás impuestos corrientes que estorban la producción y el comercio para equilibrar el cambio.

Podemos ver múltiples beneficios resultados de este ajustamiento en el sistema tributario, para el sector privado productivo, los trabajadores y los consumidores, y el gobierno. Con un impuesto sobre el valor de la tierra, la especulación en tierras (que resulta en su retención sin uso) ya no sería rentable. Así que se abriría acceso a las mejores tierras a precios competitivos los cuales bajarían hasta su nivel rentable para la producción. Sumándose esto al efecto de la eliminación de los impuestos corrientes, se daría los siguientes efectos socioeconómicos:

El resultado general para Nicaragua del sistema del solo impuesto sobre el valor de la tierra y recursos naturales del país sería la seguridad y estabilidad macroeconómica y social para todo Nicaragua. Luego, cualquier empresa nacional o extranjera que invirtiese en Nicaragua lo haría como un socio del pueblo y no un explotador. Hay más y más ciudadanos nicaragüenses, entre ellos muchos empresarios, quienes estén de acuerdo que el próximo gobierno tome en cuenta este concepto de tributación inteligente para restituir el patrimonio nacional y establecer la justicia económica y la prosperidad equitativa en Nicaragua.


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