Instituto Henry George ...
Managua, Nicaragua


 

La Fórmula para la Prosperidad en Nicaragua
editado y publicado de nuevo en Junio 2008
(originalmente escrito en Diciembre 2006 y publicado en END en Junio 2007)

 

Consumidores: ¿Les gustaría pagar precios de hasta 50% más bajos? ¿Les gustaría tener acceso a todos los productos disponibles del mercado internacional a precios iguales o menores que se pagan en los países donde los producen?

Trabajadores del campo y/o no calificados: ¿Les gustaría tener una garantía al empleo con un incremento de hasta 300% sobre el poder adquisitivo del salario básico corriente?

Trabajadores profesionales: ¿Les gustaría tener una garantía al empleo en su campo de estudio, la opción de cambiar profesiones, y ganar un incremento de hasta 200% sobre el poder adquisitivo del salario corriente de su oficio?

Todo Trabajador: ¿Les gustaría la oportunidad de iniciar su propio negocio sin mayor riesgo o dependencia del crédito?

Pequeños y medianos empresarios: ¿Les gustaría bajar sus costos de operación por hasta un 50% menos y tener la capacidad de subir la calidad de su producto al nivel de la competitividad internacional? ¿Les gustaría acceso al crédito por la tasa de interés más bajo en el mundo? ¿Les gustaría experimentar un fuerte aumento de demanda por su producto y un incremento de sus utilidades de hasta 100%?

Corporaciones grandes: ¿Les gustaría bajar sus costos de operación, abrir nuevos mercados, tener mayor estabilidad y seguridad para sus inversiones?

Gobierno: ¿Le gustaría tener la capacidad de recaudar hasta 40% del PIB para los fondos públicos, con un 50% de menor costo, y un 90% de certeza, de recaudación? ¿Les gustaría tener la seguridad financiera para poder negociar términos muy favorables con los bancos para liberar el gobierno de Nicaragua de su deuda interna y externa?

Todo esto, y mucho más, es posible para la economía de Nicaragua en el corto plazo de menos que cinco años. De hecho, el remedio que puede catolizar este cambio, manifestaría notablemente los resultados prometidos en el primer año de su aplicación.

¿Qué es la reforma necesaria para facilitar un cambio tan positivo y dramático en Nicaragua? ¿Un nuevo gobierno encabezado por un partido político que seguramente, esta vez, no traicione los intereses individuales y derechos comunales del pueblo (sea por interés o ignorancia)? ¿Una revolución "Bolivariana" respaldada por océanos de petróleo regalado? ¿Unos prestamos billonarios a "bajos intereses" de los países "cooperantes"? ¿O unas inversiones billonarias de los bien intencionados inversionistas privados extranjeros (como Unión Fenosa, por ejemplo)?

Afortunadamente, el cambio necesario para hacer Nicaragua el país más próspero por cápita del hemisferio, no es tan fantástico y fuera del marco de la realidad. Es algo que puede ser aplicado por el gobierno de Nicaragua en cualquier momento, sin necesidad de un permiso, ni una ayuda externa.

La reforma económica a que me refiero ha sido expuesta por más que 120 años, alumbrada desde 1879 en el libro Progreso y Miseria del economista norteamericano Henry George. Después de unas décadas iniciales de su amplia diseminación y debate público, esta propuesta de reforma quedó mayormente desprestigiada y ocultada del público después de la primera guerra mundial, debido a que los poderosos intereses económicas-políticas que la oponían permitieron que la ciencia de economía política fuera deliberadamente corrompida y convertida en una pseudociencia que ocultara la verdad.

Ahora, gracias a las condiciones socioeconómicas en que el mundo se encuentra actualmente, con tantas poblaciones quedando escépticas sobre las ideologías económicas derechistas (neoliberalismo) tanto como las de la vieja izquierda, cabe espacio en la conciencia pública para la consideración de esta nueva propuesta que nunca ha sido negada por argumento lógica.

La reforma para Nicaragua, que a continuación voy a proponer, ya ha sido estudiada durante los últimos 5 años por más que mil quinientos nicaragüenses de varios sectores sociales. De estos ciudadanos, más que el 90% han afirmado (por escrito) su apoyo a que el gobierno nicaragüense estudie esta propuesta de reforma y que la ponga a prueba nacional para su posible aplicación como una política económica nacional fundamental en Nicaragua. Esta cifra es, en efecto, un sondeo de alta certeza que prueba la factibilidad de su aceptación por la población de Nicaragua. Su factibilidad técnica está abierta al análisis científica de cualquiera, y se ha probado ser irrefutable por más que un siglo. (Por eso, los interesados en mantener el sistema actual tuvieron que "desaparecerla" del debate público.)

La reforma que puede lanzar Nicaragua a la prosperidad universal y sostenible es sencillo y fácil de aplicar, y está de acuerdo con los dictámenes de la Constitución nicaragüense. No significa más que un estudio económico nacional con métodos modernos pero sencillos, una simplificación de las leyes tributarias del país, y una ajuste sencillo del corriente mecanismo de la recaudación pública de impuestos.

Específicamente, esta reforma tributaria propone una transferencia del cargo tributario, eliminándolo de todas las actividades económicamente productivas en Nicaragua, y transfiriéndolo, por medio de la retención o recaudación pública, al valor real de todos los monopolios naturales en Nicaragua.

Los monopolios naturales a que me refiero incluyen todo recurso y oportunidad natural que existe en la esfera territorial de Nicaragua. Son, por ejemplo: la tierra rural y urbana (desarrollada o no, independiente de sus mejoras), el agua, el espectro de radiofrecuencias, el espacio aéreo, los bosques de maderas, los minerales en el suelo, los derechos de peaje y de ubicación en la vía pública, y las concesiones comerciales de monopolio (sobre todo, de los servicios básicos).

En efecto, esta reforma propone: 1) La completa privatización de la proporción de la riqueza producida y comercializada en Nicaragua, que por ley científica de distribución económica, pertenece a los trabajadores productivos de toda clase y a los dueños de la inversión del capital privado. (Este valor representa entre 60% y 70% del PIB.). Al mismo tiempo, propone: 2) La nacionalización total de la restante proporción de la riqueza producida y comercializada que hasta ahora se permite extraer de la economía como un tributo privado por unos dueños privados de la tierra. (Este valor también se ha privatizado indebidamente por políticas gubernamentales que lo regala a intereses empresariales privados por medio de concesiones subvalorizados o negligentemente supervisadas, o por programas de indemnizaciones y subsidios innecesarios y exagerados.)

O sea, de la producción total, después de que el gobierno cobrara el valor del monopolio natural en impuesto, lo que quedase para la recompensa del trabajo y el capital quedaría exento de impuestos, así aumentando el valor real de la recompensa del sector productivo.

En sencillos términos algebraicos, la fórmula de la distribución de la riqueza del corriente sistema es: Producción total - (Renta de monopolio + Impuestos públicos) = Salarios + Interés del Capital.

La fórmula que proponemos es: Producción total - Renta de monopolio (como el único impuesto público) = Salarios + Interés del Capital.

Aplicando cualesquiera valores a los variables demuestra el cambio relativo:

AHORA: Producción total *100 - (Renta de monopolio *40 + Impuestos públicos *20) = Salario del trabajo *20 + Interés del Capital *20.

NUEVA FORMULA: Producción total *100 - Renta de monopolio *40 (convertido en el único impuesto público) = Salario del trabajo *30 + Interés del Capital *30.

Vemos en la nueva fórmula que la recompensa a los productores se ha incrementado por un 50%. Este ejemplo es válido en términos relativos, enseñando científicamente el efecto positivo de la aplicación de la reforma propuesta sobre la distribución de la riqueza.

Hay que fijarse en una palabra clave de la propuesta: "valor." No proponemos nacionalizar la tenencia ni el uso de la tierra, sino el valor de la tierra. Esto es socialmente justo y sano, ya que la propiedad sobre el valor de la tierra representa un privilegio especial para el dueño privado que le permite cobrar tributo por acceso y uso de los recursos naturales, lo cual en una democracia, es un poder que únicamente puede pertenecer al público en general (facilitado por el estado).

La otra cara de la propuesta es la de eliminar todos los impuestos sobre las actividades productivas. Fíjese en que no se propone regalar riqueza a nadie, sino reconocer el derecho natural del productor de retener para sí el fruto completo de su trabajo. La parte de la riqueza producida que retiene o recauda el gobierno para la inversión en las obras y los servicios públicos, directa e indirectamente le beneficia también. Así que, este sistema satisface todas las necesidades económicas individuales-privadas tanto como las sociales-comunales, mientras proporciona los incentivos necesarios para un crecimiento económico racional y robusto.


 

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